El informe encargado por la Comisión Europea al expresidente del BCE propone una inversión de 800.000 millones de euros y una rebaja de impuestos para mejorar la competitividad de la Unión Europea con los Estados Unidos y China. ¿Es un plan factible?

En su esperado informe encargado por la Comisión Europea sobre como mejorar la competitividad europea, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, detalla un plan estratégico para hacer frente a la creciente competencia global. A pesar de que el informe identifica los principales retos a los cuales se enfrenta Europa, incluye algunas recomendaciones cuestionables y de difícil aplicación.

Draghi presenta una propuesta ambiciosa que toca sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, la defensa y la automoción a través de una reforma estructural de las economías europeas. Con el objetivo de reducir la brecha con China y los Estados Unidos, Draghi avisa que la UE se enfrenta a un “reto existencial” y bajo la amenaza de “perder su razón de ser” si no aumenta considerablemente la inversión y reforma su política industrial.

El exbanquero apunta que Europa se ha quedado atrás en la carrera de la productividad y la innovación respecto a los EE. UU. y China, y argumenta que el continente europeo necesita inversiones que doblan el Plan Marshall y mucha más innovación. En este contexto, el documento reclama la ejecución de grandes inversiones financiadas con deuda pública de hasta 800.000 millones al año en materias clave como la transición ecológica, la transformación digital y la reindustrialización en general.

Objetivos principales del plan Draghi

El documento, de más de 300 páginas, se centra en cuatro pilares básicos: descarbonización, innovación, competitividad y seguridad, alertando de que Europa no aprovecha su extensión y escala a causa de la fragmentación y la falta de coordinación. En este sentido, presenta varias propuestas para reducir la regulación y mejorar la toma de decisiones, así como para aumentar exponencialmente una cooperación entre gobiernos nacionales que hasta ahora ha resultado difícil de acordar para los Estados miembros.

En cuanto al sector energético, propone bajar e igualar los impuestos que soporta la energía en los diferentes países de la UE, estableciendo un límite máximo común en los recargos en la electricidad y el gas, así como conceder créditos fiscales a la industria vinculados al uso de soluciones energéticas limpias para descarbonizar el sector.

Esto implica aumentar masivamente las inversiones en infraestructuras y energía verde, al mismo tiempo que se reduce la regulación, para volver a un crecimiento sólido y constante. Del mismo modo, el documento insta a diversificar los acuerdos para el suministro del gas natural y a desarrollar nuevas infraestructuras estratégicas para su suministro, al mismo tiempo que se coordina su almacenamiento entre los Estados miembros.

Aunque el informe apoya a la reducción de emisiones de CO₂, cuestiona el establecimiento de ambiciosos objetivos de descarbonización sin ser acompañados de una estrategia de transformación de la cadena de suministro, como ha sido el caso de la industria automovilística, y critica que Bruselas no lo haya acompañado de una estrategia para impulsar la fabricación de baterías y de puntos de recarga en suficiente medida: “El sector del automóvil es un ejemplo clave de la falta de planificación de la UE, que aplica una política climática sin una política industrial.”

Por otro lado, el estudio promueve la creación de infraestructuras digitales robustas, así como la inversión en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, puesto que la competitividad de la economía europea dependerá cada vez más de la digitalización y del desarrollo de nuevas tecnologías.

En este sentido, alerta de la actual dependencia en la importación de estas tecnologías y de la falta de compañías europeas con capacidad para competir con sus rivales de los EE. UU. y del continente asiático. Argumenta que un cambio de paradigma en este sector pasará necesariamente por un apoyo institucional hacia las empresas tecnológicas emergentes y fusiones entre compañías de telecomunicaciones para evitar la fragmentación e impulsar la autonomía de la UE.

Del mismo modo, según el informe, los países de la Unión Europea compran demasiado material de defensa en el extranjero, casi dos tercios a los Estados Unidos, y no invierten suficiente en proyectos militares conjuntos. Por lo tanto, a fin de reducir la dependencia de terceros países, será imprescindible desarrollar una política industrial de defensa de la UE que mejore la financiación y la implantación de mecanismos de incentivos para impulsar las soluciones industriales europeas.

Retos y críticas a su implementación

Las divisiones entre algunos países respecto a la viabilidad del plan del tecnócrata italiano no se han hecho esperar. Alemania y los Países Bajos han expresado su preocupación sobre el impacto de algunas de las reformas propuestas, como primer aviso de que algunas de las recomendaciones pueden no ser políticamente viables.

“El endeudamiento conjunto de la UE no resolverá los problemas estructurales: a las empresas no les faltan subvenciones”, escribió en X el ministro alemán de Economía, Christian Lindner, líder del partido liberal FDP. “Están ligadas por la burocracia y una economía planificada. Y tienen dificultades para acceder al capital privado. Tenemos que trabajar en esto”.

“Más dinero no siempre es la solución”, dijo el ministro holandés de Finanzas, Eelco Heinen, miembro del conservador Partido Popular por la Libertad, citado por la agencia de noticias holandesa ANP. El ministro de Economía, Dirk Beljaarts, del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), hacía una valoración similar: “Las inversiones públicas adicionales no son un fin en sí mismas, solo son necesarias en caso de competencia desleal o fracaso del mercado”.

Otras voces críticas argumentan que el informe carece de una justificación económica fundamental del papel del estado como inversor activo, especialmente en cuanto a la transferencia de elevados riesgos empresariales a los contribuyentes. Por otro lado, las medidas proteccionistas que facilitan que las empresas europeas puedan crecer salvo de sus competidores extracomunitarios es probable que entren en conflicto con otros objetivos y castren la innovación.

Implementar estas reformas en un marco institucional tan complejo como el de la UE puede ser difícil y lento, y es evidente que algunos Estados miembros están mejor posicionados para aprovechar las oportunidades detalladas en el informe que otros con menos infraestructura, industria o dependencia de sectores más tradicionales, otros, que se podrían ver relegados.

Teniendo en cuenta la inversión masiva que se requiere, no será fácil conseguir la financiación necesaria. Especialmente por parte de las economías más endeudadas, que pueden tener dificultades a justificar esta nueva dependida sin unos objetivos de país claros y de los beneficios directos que representan para sus contribuyentes.

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