Desde hace tiempo, la historia nos devuelve a un viejo debate aún no resuelto: ¿qué es exactamente España? Una pregunta difícil que ha tenido que afrontar un puñado de generaciones. Por el camino ha habido toda clase de debates, promesas, triunfos y derrotas. Y, a pesar de todo, todavía estamos lejos de encontrar una respuesta.

Después de la larga noche franquista, a España se le plantearon nuevos retos a partir de 1975. El Estado tenía que encontrar el equilibrio entre la reforma que proponía el gobierno franquista y la ruptura que pedía parto de la oposición. La solución pactada fue la de transitar juntos hacia un nuevo régimen fundamentado en una nueva Carta Magna. La Constitución Española de 1978 se dividió en diez títulos y 169 artículos. En el texto, el término “nación” aparece tan solo en dos ocasiones, mientras que el término “Estado” contiene 90 entradas.

La primera y más importante mención a la “nación” es la que abre el Preámbulo. “La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de todos los que la integran, en uso de su soberanía…”, empieza el texto fundacional, tal como si la misma nación redactara el que se leerá. Más adelante, esta “nación” autoproclamada expresa la voluntad de “constituirse en un Estado social y democrático de derecho”, el cual desplegará todos sus órganos y funciones.

La “nación”, objeto de litigio

Según parece, la alusión a “los que la integran” se refiere a los individuos. En efecto, el artículo 2 fundamenta la Constitución en “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, la cual “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Justamente este artículo es objeto de continuo litigio.

Este famoso artículo 2, en realidad, parece que nos está diciendo que no son los individuos quienes deciden o desean una cosa, sino la nación. Porque la nación es quien ostenta la soberanía, no el pueblo. Y quien hace esta proclamación de la soberanía tampoco es el pueblo, sino que está personificada en la figura del Rey de España. Por lo tanto, todo aquello que integra la nación resulta confuso.

El reino de las “nacionalidades”

Ciertamente, la alusión a las nacionalidades y a las regiones apunta a la vieja idea de la división territorial del reino. Esta palabra —“reino”— no se menciona en ninguna parte en la Constitución. Cosa extraña, dado que España se configura, en su forma, como reino. Reino de España, en singular. Pero entonces, ¿qué son las nacionalidades? ¿Qué esconde el término para referirse a estas entidades orgánicas etnoculturales?

Parece evidente que se trata de un expediente púdico para aludir, sin denominarlos, a los antiguos reinos de Hispania, además de Castilla, formados por: Cataluña, Valencia, Mallorca, Aragón, Navarra, Galicia, el País Vasco, Andalucía (y Portugal). Por lo tanto, ¿cuál es el sentido y la función de las nacionalidades y de las regiones? Imposible saberlo, puesto que estos conceptos no vuelven a aparecer en todo el redactado de la Constitución.

Todo gira en torno a la “reconquista”

Contra el discurso repetido como un mantra dentro del sistema escolar franquista, el aprendizaje de España se articuló en función del concepto de “reconquista”. Se trata de un término historiográfico —empleado todavía en los currículums de secundaria de Castilla— que describe el proceso de recuperación del mundo feudal por encima del mundo musulmán y judío, porque se entiende que los musulmanes no eran los legítimos propietarios de la geografía hispánica…

Este proceso arrancó al poco de la llegada de los árabes a la península Ibérica en el siglo VIII y finalizó con los Reyes Católicos en el siglo XV, los cuales acabarían unificando “España” como un Estado integral. Esta Reconquista acabaría forjando “el espíritu español”. O sea, argumentos históricos para justificar el nacionalcatolicismo impuesto después de la Guerra Civil.

Aun así, no parece que haya existido nunca ‘de facto’ una “nación española”, es decir, integradora de nacionalidades y regiones, como nos quiere hacer creer la Constitución actual. Ni siquiera es seguro que se haya consolidado nunca como Estado-nación, en el sentido moderno. ¡Lo vemos a continuación!

De la confederación al absolutismo

El Estado dinástico, iniciado por los Reyes Católicos, como hemos afirmado, acabó convirtiéndose en un Estado absolutista. Antes de serlo, había tenido que restringir el poder de la nobleza, forzar la adscripción a la religión católica y cohesionar todo el poder en una devoción leal al Rey. En contra de lo que piensan algunos, la lengua quedó al margen de este esquema de poder. Por lo tanto, no fue nunca un elemento unificador hasta principios del XVIII, aunque el franquismo intentara falsear la historia una vez más.

El poder se fue organizando alrededor de cinco Consejos de Estado: Castilla, Aragón, Italia, los Países Bajos, Portugal (1580-1640) y las Indias Occidentales. Por lo tanto, los diferentes territorios que configuraban la geografía de la Corona de Hispaniae —plural de Hispania— mantenían la administración, la moneda y las leyes propias. En este sentido, se trataría de un tipo de confederación de nacionalidades, las cuales conservaban sus peculiaridades, fueros y tradiciones.

El predominio de Castilla (que aglutinaba a Galicia, Asturias y León) sobre los otros reinos existentes de la península Ibérica cada vez fue más evidente, por extensión y población y, sobre todo, después de incorporar a las Indias Occidentales en el reino castellano, que lo hizo a título de “descubrimiento”, con todo lo que significó. De este modo, la progresiva traslación de la economía del mediterráneo hacia el atlántico comportó un cambio de paradigma en las relaciones entre los diferentes territorios que configuraban la Corona Hispánica.

Esta pluralidad, no sin sobresaltos, fue derivando hacia una mayor centralización del poder. Pero el salto definitivo se produjo después de la guerra de Sucesión y la subsiguiente entronización de la dinastía borbónica al trono castellano. Entre 1707 y 1716, el nuevo rey Felipe V fue promulgando los conocidos Decretos de Nueva Planta por los diferentes territorios de la corona de Aragón como castigo por su rebelión y como derecho de conquista. En cambio, esta pérdida de autonomía no afectó nunca ni a Navarra ni a las Provincias Vascas, dado que estos territorios habían sido fieles a la causa borbónica.

Fue entonces cuando Castilla se transformó en la España borbónica: una monarquía absoluta y fuertemente centralizada. Prueba de este proceso, Felipe V escribía el 1717: “He juzgado por conveniente […] reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose todos igualmente por las leyes de Castilla”. Así, como resultado de una represión y por derecho de conquista, una España castellanizada a la fuerza se empieza a configurar como un moderno Estado (de importación francesa) nacional (de exportación castellana). Naturalmente, la ilusión duró muy poco.

La ilusión fallida de la “república federativa”

El ilustrado y escritor José Marchena (1769-1821), exiliado en Bayona para escapar de la Inquisición, escribió en 1792 un revelador informe para Jacques Pierre Brissot, un girondino y ministro de asuntos exteriores de la República Francesa, sobre las dificultades de implantar en España una constitución parecida a la francesa de 1791. Sus palabras son bastante reveladoras: “Francia ha adoptado ahora una constitución que hace de esta vasta nación una república unida e indivisible. Pero en España, las diversas provincias de las cuales tienen costumbres y usos muy diferentes y a la cual se tiene que unir Portugal, solo tendría que poderse formar una república federativa”.

En un sentido similar, en 1808, en Cádiz, el célebre político gerundense, Antonio de Campmany, escribió, apenas empezada la Guerra del Francés, en la famosa publicación ‘El Sentinella’: “… En Francia, pues, no hay provincias, ni naciones; no hay Provenza, ni provenzales; ni Normandía, ni normandos. Todos se borraron del mapa de sus territorios e incluso sus nombres […]. Todos se llaman franceses”. Y más adelante detalla: “¿Entonces, que sería ya de los españoles si no hubiera habido Aragoneses, Valencianos, Murcianos, Andaluces, Asturianos, Gallegos, Extremeños, Catalanes, Castellanos? Cada uno de estos nombres inflama el orgullo de estas pequeñas naciones, las cuales configuran la gran nación”.

Década detrás década, de las nueve constituciones españolas redactadas durante la edad contemporánea (1812-1978), todas tienen en común —con pequeños matices—, una misma afirmación: son una constitución de la monarquía y de confesión católica, la religión del Rey y de la nación. Por lo tanto, la unidad de la nación es la unidad de la monarquía.

¿Existe, pues, una nación de naciones?

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