Cuando uno habla de justicia en las empresas, en breve sale nuestro alter ego legalista, y nos decimos, bien convencidos, de que nosotros cumplimos todas y cada una de las leyes. Consideramos que cumpliendo las leyes no se necesitaba más valoración moral, de si las leyes están bien o debería haber una actualización. La implementación de la justicia no se puede dejar en manos de los expertos en ética o de los abogados. No podemos simplificar la valoración de que es justo concretando con que es legal. Practicar la ética necesita educar el juicio práctico

Hace relativamente poco un jurista importante comentaba que si tuviéramos que esperar a cambiar la legalidad con el permiso de aquellos que ganan con las leyes actuales, aún existiría la esclavitud. Y nada más cierto. De hecho, en las empresas, las leyes son un mínimo irrenunciable, pero la justicia, y sobre todo, el hecho de producir resultados justos en el reparto de recursos, responsabilidades, recompensas y reconocimientos, parece que va más allá de estos mínimos legales. La tarea de dirigir empresas incluye valorar si los sistemas empresariales que reparten los recursos tangibles o intangibles son los adecuados. Esta valoración la aparta del cumplimiento de la legalidad, y más aún de la neutralidad. Se debe tomar una decisión que escapa de consideraciones meramente técnicas, haciendo necesaria la valoración de las consecuencias que resultan de la decisión, y si estas consecuencias son buenas o no para todos.

La ley no es suficiente, hay que ir un paso más allá

Utilizar una pretendida técnica neutra (o ley positiva) lleva a obviar que no es neutra. Hacemos ver que utilizamos una ciencia económica pretendidamente libre de valoraciones morales. Y alimentamos con ella los contenidos técnicos de muchos programas de directivos. Esto, después, se acaba implementando en la empresa. Pensamos que la ley (técnica) ya es suficiente, y vamos más allá, delegamos los aspectos morales a los expertos en ética. Y lo justificamos con una tesis de separación que considera que los hechos se pueden observar sin valorarlos. Se desprecia como poco científico cualquier juicio de valor, y se hace con argumentos del tipo, “estamos hablando de cosas factuales, estamos hablando de ciencia, de cosas objetivas”. Esta neutralidad con la que se quieren valorar las decisiones es imposible. La tesis de separación convendría descartarla, más que por inútil, por falsa. La implementación de las valoraciones morales se hace necesaria, siendo los criterios de justicia un aspecto necesario para discriminar criterios a utilizar en las decisiones.

Las leyes económicas no van solas, como la ley de la gravedad, sino que son fenómenos que actúan sobre las personas, que tienen voluntad, motivación y que aprenden para bien o mal. Utilizar las leyes económicas que pretende que las personas ni se motivan, ni tienen voluntad, ni aprenden, perpetúa, el statu quo, o la empeora. Decidir qué criterios deben prevalecer a la hora de tomar una decisión, discernir entre opciones y ser capaces de prever las consecuencias que las decisiones tienen sobre los demás. La función de las empresas para algunos economistas es solo crear beneficios, cuanto más mejor. Pero no hay ninguna ley determinista que pueda forzar esta función. De hecho, observando la realidad, hacer que las empresas solo tienen la función social de tener beneficios, no nos ha llevado demasiado lejos, y, por lo tanto, parece justo proponer otros. Hacer que su función sea la de generar justicia y hacer que la justicia sea intermediaria por el bien común se hace del todo necesario. Las empresas deben encontrar su utilidad y su función social. Si terminan enfocándose al bien común, promocionando la justicia entre todos los grupos de interés, encontrarán muchos más adeptos que los actuales, y realizarán una función mejor.

Empresas de personas para personas

Otro factor importante a tener en cuenta y que a menudo pasa desapercibido, es que la empresa es como una comunidad de personas que participa de una comunidad más amplia, donde las personas se pueden desarrollar en ella y encontrar un sentido. Esto permite aportar una legitimación más amplia y auténtica a la actividad empresarial y ayuda a entender la misma existencia de las empresas, su sentido. Verlas como una herramienta para que tres se hagan ricos, tiene un sentido pequeño, que ahora mismo comienza a ser muy ridículo para mucha gente. ¿Y cómo pueden distinguir unas empresas que contribuyen al bien común de las que no? Una manera sencilla es mirar su misión, y sobre todo la implementación: los hechos. Los hechos hablan mucho más que las palabras.

Ver si las empresas dicen que resuelven y resuelven necesidades reales con sus productos y servicios (contribuyen a un bien común social), y ver de qué manera lo hacen, es decir, cómo utilizan los recursos y cómo tratan las personas (bien común interno), se hace del todo imprescindible si queremos tener un tejido empresarial que también ayude a cambiar conciencias. La contribución al bien común es lo que hace que las empresas puedan tener sentido y desplegar todo su potencial.

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