España: un modelo socioeconómico en decadencia

La exclusión social, la precariedad laboral y el difícil acceso a la vivienda son algunos de los factores que generan ansiedad y depresión a una gran parte la población. Este deterioro de la calidad de vida está relacionado con uno de los consumos más altos de ansiolíticos de Europa y pone en cuestión la sostenibilidad del modelo socioeconómico actual.

Todo y la pérdida de posiciones en el ranking de los últimos años, según organizaciones extranjeras España se mantiene entre las naciones con un índice de calidad de vida más alto entre los países desarrollados. No solo esto, sino que el conjunto de expatriados o ‘expats’ -eufemismo que define a los inmigrantes de países ‘del primer mundo’- que residen y trabajan en el Estado español, lo siguen eligiendo como el país con más calidad de vida.

Este optimismo, pero, parece no ser compartido por los residentes autóctonos del país. Esta conclusión se desprende de un estudio ecosocial hecho recientemente por la fundación FUHEM sobre la Calidad de Vida en España. De hecho, después de analizar a la sociedad española centrándose en tres ámbitos -gastos, recursos y trabajo- llega a la conclusión que la calidad de vida de los españoles ha empeorado significativamente en los últimos años.

Concretamente, el informe apunta que casi la mitad de los españoles se sienten solos y que el 27% de la población, o una de cada cuatro personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Los investigadores sociales que han elaborado el informe afirman que este aislamiento social genera ansiedad y depresión, y conectan este dato con el aumento del consumo de ansiolíticos en el Estado, uno de los índices más altos de Europa.

Trabajo digno, acceso a la vivienda y protección social

La prevalente precarización laboral se traduce en el hecho que alrededor del 15% de la población ocupada de España también se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y que la pobreza infantil afecta uno de cada tres niños menores de 16 años. En este contexto, dos de cada diez españoles viven en condiciones de habitabilidad deficientes, sin poder mantener una temperatura adecuada ni en invierno ni en verano.

Por otro lado, mientras que el 58,1% de los jóvenes tenía acceso a una vivienda en propiedad en 2007, hoy, esta cifra se ha reducido al 25%. Actualmente, son necesarios siete años de renta para comprar una vivienda, muy lejos de los 2,8 años necesarios de hace tres décadas. Además, a pesar de que el gasto para alquilar una vivienda no tendría que superar el 30% de los ingresos, cuatro de cada 10 personas destinan el 40% de su sueldo y una quinta parte más del 60%, 6 puntos por encima del 2018 y 12 puntos más que en el 2014.

Los recortes en el gasto público se han visto reflejados en la falta de oferta de viviendas de alquiler social, que en 2020 solo representaban el 1,1% del total, un porcentaje claramente insuficiente para dar cobertura a los 4,5 millones de personas que se encuentran en situación de exclusión residencial. Se trata de un modelo inmobiliario que no solo dificulta el acceso a la vivienda a la ciudadanía, sino que da preferencia a grandes fondos de inversión y a las corporaciones bancarias.

La urgencia del cambio hacia un modelo más sostenible

El estudio también cuestiona nuestro modelo de producción y consumo que “ha puesto la vida bajo la tiranía de la eficiencia y el rendimiento”. Llevar una vida poco saludable comporta niveles más altos de “fatiga permanente”, especialmente para los hogares más pobres que no se pueden permitir una dieta más variada y de calidad.

Este es un problema que se ha visto agudizado por el encarecimiento de los alimentos básicos y por la creciente tendencia a realizar las compras en grandes superficies comerciales, que el informe relaciona con el aumento de la obesidad en el Estado español, uno de los países europeos donde se ha incrementado más en los últimos años.

Así mismo, la ONG hace hincapié en la necesidad de parar la fragmentación territorial que provoca un deterioro social y ecológico, señalando que el modelo de movilidad protagonizado por el vehículo privado y la carretera es «altamente ineficiente». En este sentido, avisan que las inversiones públicas que se han hecho para la construcción de grandes infraestructuras responden más a los intereses privados que al interés público. En definitiva, un modelo productivo, de inversión y de sociedad insostenible que facilita las desigualdades, castrando la cohesión social y el equilibrio medioambiental.

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