El pasado mes de septiembre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba de manera definitiva la nueva normativa dentro del Plan de Recuperación que pretende impulsar la creación de empresas, eliminar los obstáculos reguladores y luchar contra la morosidad.

No es ningún secreto que un exceso de burocracia, impuestos elevados y morosidad frenan el emprendimiento y el crecimiento empresarial. Aunque en los últimos años el proceso de constituir una empresa se ha simplificado y abaratado significativamente, reducir los costes y tiempos requeridos para los trámites, autorizaciones y licencias, así como recortar la tasa de morosidad, sigue siendo una asignatura pendiente.

Un informe del Banco Mundial del 2020, que hacía un ranking sobre el coste de abrir un negocio en diferentes países del mundo, situaba en España a la media de Europa, pero duplicando los costes de Francia o Polonia, y triplicando los de Portugal. En cuanto a la facilidad para hacer negocios, ubicaba en España en el lugar 30 de 190 estados analizados, mucho por detrás del peso que tiene su economía al mundo.

En este contexto, y en un momento en el cual emprender es más complicado que nunca debido a la situación económica actual, la nueva Ley de Creación y Crecimiento de empresas, más conocida como Ley “Crea y Crece”, que fue aprobada el pasado 15 de septiembre de forma definitiva en el Congreso de los Diputados, quiere dirigir y hacer desaparecer algunos de estos problemas facilitando el proceso de creación de empresas, reduciendo costes y luchando contra la morosidad.

Nuevas medidas para reducir la morosidad

La norma, que ha contado con un amplio apoyo en el Congreso de los Diputados, incluye medidas propuestas por PIMEC, la patronal que representa las micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña, y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), para evitar la morosidad en las operaciones comerciales, que es una de las causas que más incidencia tiene en la liquidez y rentabilidad de las empresas.

En este sentido, se extiende la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas en todo tipo de relaciones comerciales entre empresas y autónomos. Por otro lado, se quiere garantizar un mayor control de los pagos y evitar los largos plazos, obligando a los contratistas a especificar en sus certificaciones de obra que los pagos efectuados a sus subcontratistas se ajustan a los plazos de pago legales.

Así mismo, se crea un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada para hacer un seguimiento de los datos de los plazos de pago y publicar anualmente un listado de empresas morosas. A pesar de que la nueva normativa deja fuera del acceso a subvenciones públicas a aquellas empresas que no cumplan con la Ley de Morosidad, no incluirá un régimen sancionador para las empresas que incumplan los plazos legales de pago, como se había pedido desde algunos grupos políticos.

Eliminar burocracia y facilitar la financiación

Con el objetivo de reducir los costes económicos, simplificar los trámites de constitución de una empresa y favorecer el emprendimiento, se contempla la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de solo un euro, en vez de los 3.000 euros necesarios hasta ahora.

En cuanto a los trámites, se reducen los costes notariales y los plazos para la constitución telemática de una empresa, a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). Así mismo, se modifica la ley de medidas de liberalización del comercio, ampliando el número de actividades económicas exentas de licencia.

Además, la ley introduce más flexibilidad en el ámbito de la financiación colectiva, ‘crowdfunding’, adaptándose a la normativa europea y ampliando el tipo de empresas en las cuales pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras como 11Onze, con un alto componente tecnológico.

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